Fundación Cepsa y Red2Red han presentado esta mañana en Sevilla el «Estudio de la percepción social sobre la transición ecológica en Andalucía» para visibilizar la posición de la ciudadanía y los grupos de interés andaluces en este proceso y compartir propuestas de futuro para promover una transición justa. El lanzamiento del informe ha contado con el apoyo de CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) y la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom).

El informe es el primer proyecto del Observatorio de Transición Justa, un espacio de reflexión y conocimiento compartido que se ha creado para gestionar el cambio, prevenir potenciales conflictos y generar conclusiones y recomendaciones conjuntas para la toma de decisiones.

Este primer estudio del Observatorio indica que 8 de cada 10 andaluces aceptarían la instalación de fuentes de energías renovables en su territorio y que 6 de cada 10 consideran que la instalación de energías renovables, como parques solares o eólicos , en su entorno podría tener un impacto positivo. Asimismo, casi 7 de cada 10 andaluces piensa que la lucha contra el cambio climático debería ser una prioridad.

Por otro lado, el informe detecta potenciales riesgos asociadosa la pérdida de empleo, el encarecimiento de los precios o el incremento de la desigualdad, si no se apoya a los colectivos vulnerables en este proceso de transición energética. En este sentido, los andaluces creen que la responsabilidad en esta transformación debe ser compartida entre administración pública, empresas y ciudadanía.

“El primer paso para lograr una transición justa es escuchar a la sociedad y eso es lo que hemos pretendido con el lanzamiento de este observatorio. Andalucía es un territorio estratégico para el desarrollo de nuevas fuentes de energía, pero este proceso debe realizarse con la colaboración de todos los actores implicados si queremos garantizar la inclusión social”, señala Iñigo Díaz de Espada, vicepresidente de la Fundación Cepsa.

Por su parte, Anabel Alonso, coordinadora del informe y directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red, indica que «la población demanda información y transparencia en torno al proceso de transición, pues existe incertidumbre y cierto desconcierto sobre su gestión». No obstante, en opinión de Alonso, “la población, en términos generales es optimista, y es favorable a la adopción de medidas para frenar el cambio climático. La percepción del impacto en todo caso mejora en el largo plazo». Además, subrayó que «las empresas están llamadas a realizar está transición, pues no pueden quedarse atrás y han de involucrarse de manera directa con la población, formando y ofreciendo oportunidades de reciclaje para los nuevos empleos».

El informe también señala los problemas medioambientales más mencionados por la ciudadanía, entre los que destacan la suciedad de las playas, la contaminación de sus aguas y la polución, siendo la industria el sector productivo más señalado como responsable del cambio climático. En este sentido, los agentes sociales apuntan a que aquellas empresas o sectores que lleguen tarde a la transición, sufrirán el peor impacto

“La transición energética es un proceso ya en marcha e imparable, pero es necesario acelerarlo y ello solo es posible a través de un importante esfuerzo en innovación y desarrollo tecnológico”, apunta Fabián Varas, director Técnico de CTA, quien ofreció el apoyo de este clúster de innovación a las empresas y entidades interesadas en promover proyectos de I+D+i en este ámbito. En concreto, Varas citó como frentes abiertos de innovación “la mejora de la eficiencia energética, la integración eficaz de las renovables, infraestructuras eficientes y digitalizadas, nuevos sistemas de almacenamiento o el uso del hidrógeno verde como vector energético, entre otros”.

Por su parte, las autoridades locales entrevistadas y la población coinciden en señalar que no se dispone de información sobre cómo se va a desarrollar el proceso de transición ecológica y energética en las zonas afectadas. El estudio apunta a dos tipos de perfil, las personas “escépticas” (37,6%) y las “desinformadas” (16,2%), que requieren de atención especial en términos de información y concienciación para alcanzar un mínimo consenso social en el proceso de transición ecológica. También se destaca que 6 de cada 10 andaluces no conoce o tiene un concepto muy vago de lo que significa “transición energética”.

Cristina Monge, politóloga y profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza, incide en “el alto nivel de desinformación generalizada por la falta de comunicación y transparencia en el proceso de transición ecológica, lo que genera incertidumbre e inquietud social”. “La ciudadanía está reclamando a todas las partes implicadas más y mejor información de los planes de actuación”, añade.

A medida que disminuye la edad de las personas, aumenta su nivel educativo o residen en hábitat urbanos, los andaluces tienen una visión más optimista de este proceso de transformación. El informe concluye que las mujeres muestran mayor esperanza, pero también mayor incertidumbre, y que las personas residentes en zonas rurales afirman ser menos optimistas.

El profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide Manuel Hidalgo apuntó que ”la percepción de la transición ecológica no acompaña a la implementación de políticas porque muchas veces los objetivos de la clase política no son compartidos por la población, que antepone a los retos de la transición otras necesidad o problemas, como la situación económica o el empleo”. En su opinión, “esto no ayuda a la transición ecológica, pero desde la política se están llevando a cabo una serie de innovaciones que pretenden implicar a la población y facilitar la transmisión de estos objetivos y convertirlos en hechos”. Como ejemplo, destacó que “una vía para conseguirlo es una estrategia de transición justa, que consiste en recuperar las zonas donde la transición ecológica está provocando costes evidentes como el cierre de minas o centrales nucleares”.

“La transición ecológica justa debe apostar por una mayor información, comunicación y transparencia, y eso debe llevarse a cabo por profesionales de la comunicación (dircoms) periodistas y medios de comunicación. Debemos escuchar a la sociedad, pero también informarles y formarles en materias de transición justa, por ello informes y estudios sobre el tema, como el que hoy se ha presentado, son iniciativas necesarias y pertinentes”, concluye Vanessa Moreno, moderadora del encuentro, presidenta de Dircom Andalucía y directora de RRII y Comunicación de CTA.