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CTA destaca la gran oportunidad que supone la compra pública de tecnología innovadora en el nuevo ciclo económico
  • El compromiso del Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, es que la compra pública innovadora llegue a suponer el 3% anual de la contratación pública, lo que supondría cerca de 4.900 millones de euros para I+D+i.
  • La compra pública innovadora es un mecanismo, aún poco conocido pero con un enorme potencial, por el que la Administración Pública puede promover la innovación tecnológica entre el tejido productivo y dar respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos.
  • Aunque el marco legal vigente ya permite fórmulas de contratación pública de innovación, la futura Ley de Contratos en el Sector Público, de aprobación inminente, facilitará que la compra pública innovadora sea una forma de contratación más habitual.
     

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y Grupo Consea han celebrado hoy, en la Tecnoincubadora Marie Curie del PCT Cartuja en Sevilla, un comité técnico sobre la compra pública innovadora (CPI) como oportunidad de despegue y de negocio para la Administración Pública y las empresas en el nuevo ciclo económico. La Autoridad Portuaria de Sevilla, OHL, la Universidad de Córdoba y la Fundación Medina contaron sus respectivos casos de éxito en experiencias pioneras en compra pública innovadora durante el comité, al que asistieron más de 70 personas.

La compra pública de tecnología innovadora es un mecanismo poco conocido, incluso en el ámbito empresarial, por el que la Administración Pública puede licitar la adquisición de un bien o servicio que no existe en el momento de la compra en el mercado, pero que puede conseguirse en un tiempo razonable y, además, requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada. La potencia de estímulo de este instrumento es enorme tanto para promover la innovación tecnológica entre el tejido productivo como para dar respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos. El compromiso del Gobierno, por acuerdo del Consejo de Ministros, es que la compra pública innovadora llegue a suponer el 3% anual de la contratación pública, lo que supondría cerca de 4.900 millones de euros para I+D+i. Teniendo en cuenta que el gasto actual en I+D son unos 13.000 millones de euros (INE, 2013), supondría un incremento del 37%.

El jefe de Servicio de I+D+i de OHL Construcción, Miguel Amérigo; el coordinador del proyecto CPI Mecaolivar y catedrático de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Córdoba, Jesús Gil Ribes; el gerente de la Fundación Medina, Diego Pozas; y la directora corporativa de Serviport Andalucía, Alicia Yanes (en representación del caso de la Autoridad Portuaria de Sevilla), participaron en el comité organizado por CTA y Grupo Consea para explicar sus respectivos casos de éxito en compra pública innovadora. El director Técnico y el director de Desarrollo de Negocio de CTA, Fabián Varas y David Páez, respectivamente, expusieron la oportunidad que supone esta herramienta de contratación pública, mientras que el responsable técnico sectorial de CTA Carlos García explicó los fundamentos técnicos de la compra pública innovadora y el socio director del Grupo Consea, Francisco Fernández, analizó el marco legal actual y las perspectivas.

Fernández explicó que la figura de la compra pública innovadora “se va a convertir de manera inmediata, a través de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, en una forma de contratación más habitual, ya que se regula como contrato típico, por lo que las empresas y administraciones forzosamente tendrán que manejarlo”. Se prevé que esta nueva ley, por influencia de las directivas comunitarias, se apruebe en los próximos meses.

EEUU acumula una larga experiencia en el uso de la compra pública de tecnología innovadora como impulso del sector empresarial tecnológico, mientras que en Europa esta herramienta no ha sido muy utilizada. Sin embargo, en los últimos años, también las autoridades comunitarias han marcado directrices claras para que todas las administraciones utilicen este instrumento. En España, donde la licitación pública supone un 18,5% del PIB, el recorrido potencial es enorme y, además, existen importantes ayudas financieras al efecto.
 

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