La contratación pública supone el 18,5% del PIB español y el 14% del europeo¹. Su potencial para promover productos y servicios innovadores es enorme, pero todavía no se ha explotado. La Compra Pública de Innovación (CPI) es precisamente la herramienta que permite fomentar la innovación a través de la contratación pública. Un robot para cirugía poco invasiva (Proyecto Broca de la Universidad de Córdoba), una maquinaria más eficiente para recolección de aceitunas (Proyecto Mecaolivar de la Universidad de Córdoba) o un dique mejor y menos contaminante para un puerto (Autoridad Portuaria de Málaga) son algunos ejemplos de resultados de incipientes procesos de compra pública de innovación desarrollados en Andalucía.

No se trata de un nuevo tipo de contrato ni de una nueva forma de adjudicación, sino de una política pública para apoyar la innovación privada a partir del encargo de un comprador público. De esta forma, la innovación viene dirigida desde la demanda (el sector público/administración) en lugar de desde la oferta, como suele suceder cuando las empresas procuran introducir nuevos productos y servicios en el mercado. El resumen de la filosofía de la CPI es “no subvenciones la innovación, cómprala”.

Sus ventajas son muchas y por eso las administraciones públicas española y andaluza están impulsándola, animadas también por las directrices europeas. Explicamos aquí 6 de sus mayores ventajas:

La CPI ayuda a las administraciones a modernizarse y mejorar en la prestación de los servicios públicos, ya que les facilita el acceso a soluciones avanzadas propias para dar respuesta a las nuevas demandas de los ciudadanos. A través de la CPI, la Administración puede lanzar un reto a varias empresas con la capacidad tecnológica de resolverlo. Es decir, puede comprar productos y servicios que todavía no existen, pero que podrían desarrollarse en un plazo aceptable. En lugar de elegir entre lo existente en el mercado, la Administración pide que le desarrollen lo que realmente necesita. Las oportunidades en áreas como la salud, la obra pública, la educación o la e-Administración, entre otras muchas, son enormes.

La CPI estimula la innovación empresarial. Facilita el desarrollo de I+D+i por parte de las empresas ya que asegura la compra de los resultados del esfuerzo en innovación. Además, el mercado público local funciona como un cliente de lanzamiento o de referencia, lo que ayuda a las empresas a desarrollar nuevos productos y servicios que luego puede vender en otros mercados. Por todo ello, es un instrumento para fomentar la creación de un tejido empresarial innovador, asegurándose que hay una demanda y mejorando la competitividad.

Desde la Unión Europea (UE) se está impulsando con fuerza la CPI. La Estrategia Europa 2020 y la revisión de la Directiva 2014/24 de Compras públicas han implementado una estandarización más rápida y eficaz en el uso de la CPI, consolidando las fórmulas existentes – Compra Pública Precomercial (compra de servicios de I+D+i) y Compra Pública de Tecnología Innovadora (desarrollo fabricación y suministro de tecnología)- y creando una nueva, híbrida entre las anteriores: Asociación para la Innovación (compra de I+D+i y suministro de tecnología por etapas).

Existen fondos públicos de origen europeo destinados a estimular estos instrumentos. En algunos casos, como el de Andalucía, el organismo público puede recibir una financiación de hasta el 80% del coste de la licitación. Además, se han establecido programas específicos de dotación económica de refuerzo a las AAPP regionales y locales contratantes (como el programa Innocompra de MINECO), dotaciones para CPI en ministerios y entidades vinculadas y líneas de financiación a las potenciales empresas ofertantes para desarrollar las etapas de mayor riesgo técnico (Programa Innodemanda), lo que les permite presentar ofertas más ventajosas.

La forma de relacionarse entre empresa y Administración ha evolucionado desde el concepto, ya en desuso, de Estado como subvencionador y con cierto aire paternal hacia un tipo de relación más similar a la de dos socios que buscan objetivos comunes o relacionados. Se persigue una estrategia win/win, en la que la empresa, por su parte, hace negocio, mientras que la Administración consigue mejoras significativas en el servicio a los ciudadanos. La cooperación con las empresas aporta a la Administración un conocimiento de mercado y un nivel de eficiencia en la gestión de recursos que resulta muy difícil de alcanzar de otra manera. La Compra Pública de Innovación es una de las fórmulas de cooperación público-privada con mayor capacidad para impulsar la I+D+i. Además, abre la vía de ingresos futuros por la explotación comercial compartida con la empresa si consigue nuevas ventas del desarrollo realizado.

La CPI permite a la Administración un apalancamiento de los fondos disponibles para movilizar I+D+i empresarial. Parte del presupuesto destinado a contratación pública serviría al mismo tiempo para resolver una necesidad de la Administración y para impulsar la inversión en innovación por parte del tejido productivo.

La CPI es una vía eficaz para estimular la economía. La adquisición de bienes y servicios innovadores por parte de la Administración favorece un crecimiento económico sostenible ya que estimula la generación de nuevas ideas y su plasmación en productos y servicios innovadores. La CPI significa la apostar por el conocimiento y la innovación como impulsores del crecimiento futuro. Para ello, resulta imprescindible consolidar los resultados de la investigación, promover la innovación y la transferencia de conocimientos y asegurarse de que las ideas innovadoras puedan convertirse en nuevos productos y servicios que generen crecimiento y empleos de calidad y que ayuden a afrontar los retos derivados de los cambios sociales.

¹Fuente de este dato: Obvervatorio Español de la Contratación Pública