El diario económico Expansión y CTA organizaron el pasado 16 de junio un observatorio sobre Compra Pública de Innovación, con la asistencia de la directora general de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, Mª Luisa Castaño; el presidente de CTA, Joaquín Moya-Angeler, y representantes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura, el Observatorio de la Contratación Pública y las empresas Indra y GMV.

El impulso de la innovación española por parte de la Administración Pública no sólo se lleva a cabo a través de subvenciones o ayudas; la compra pública de innovación, con la adquisición de soluciones que aún están por desarrollar, es clave para impulsar la economía y competitividad de un país, ya que propone nuevos retos a las empresas, ofrece respaldo en su investigación y avanza en la mejora de los servicios públicos. Éstas fueron algunas de las conclusiones del Observatorio Compra Pública de Innovación como instrumento para potenciar el desarrollo de los mercados innovadores, organizado por Expansión y CTA.

En el encuentro, participaron (de izqda a dcha en la foto) Miguel Ángel Bernal Blay, director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón y secretario ejecutivo del Observatorio de Contratación Pública; Juan Luis Martín Ruiz, director de Innovación de Indra; Jesús Alonso Sánchez, secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura; Joaquín Moya-Angeler Cabrera, presidente de CTA; Mª Luisa Castaño, directora general de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía; Manuel del Pozo, director adjunto de Expansión y moderador del debate; Ramón González Carvajal, secretario de I+D+i en Salud de la Junta de Andalucía; Juan Manuel Garrido Moreno, subdirector general de Fomento de la Innovación Empresarial de la Dirección General de Innovación y Competitividad; y Luis Fernando Álvarez-Gascón, director general GMV Secure E-Solutions.

«La Administración innovadora sabe lo que quiere para sus ciudadanos y lo quiere antes de que esté en el mercado», sentenció María Luisa Castaño, directora general de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía.

Las particularidades de la compra pública de innovación hacen que las operaciones no siempre sigan el curso tradicional. La Administración puede comprar tecnología ya desarrollada, pero la compra también puede producirse sobre productos o servicios aún inexistentes. Unas nuevas dinámicas que requieren, según Castaño, un «cambio cultural radical en el modo de comprar».

El presidente de la CTA, Joaquín Moya-Angeler Cabrera, afirmó que «el gran riesgo es que estamos viendo un proceso trágico de judicialización de la política», procedente de una previa «politización de la justicia». «Si queremos que funcione, hay que entender que es una inversión de riesgo, que puede ir mal y que el funcionario puede equivocarse», expuso Moya-Angeler.

El presidente de la fundación andaluza fue tajante en su convicción de que «la innovación debería estar completamente fuera del espectro político». «Se tardan 6 u 8 años en conformar un grupo de desarrollo y, si se recorta de un plumazo, se tarda mucho en volver a formarlo». Moya-Angeler subrayó la relación entre la compra pública de I+D y el grado de innovación, «una correlación que se ve en países como EEUU o Israel».