La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) ha publicado el informe de conclusiones de la Consulta Preliminar al Mercado para el proyecto «Nuevo sistema de control y seguimiento de las presataciones de dependencia en Andalucía».
CTA y el despacho Cremades&Calvo Sotelo han prestado conjuntamente asesoría técnica y jurídica especializada en procesos de Compra Pública de Innovación (CPI) para la realización de esta consulta a la ASSDA, agencia dependiente de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Como resultado de esta consulta preliminar al mercado, se ha concluido que no existe actualmente en el mercado una solución comercial, y sin perjuicio de la futura evolución de este, la modalidad de contratación que podría responder más adecuadamente en el momento presente a las necesidades de ASSDA sería la de Compra Pública Precomercial, ya que sólo existen soluciones parciales a muchos de los problemas que se persiguen solucionar con la nueva plataforma.
Un total de 6 empresas respondieron a la consulta, de las que tres presentaron soluciones globales (ATOS, Best TIC – tCTAP y Minsait-Isotrol, y otras tres parciales, Babel, Inetum y Vicomtech.
Objetivos del futuro Sistema de Control y Seguimiento de las prestaciones de Dependencia en Andalucía
El objetivo de este proceso de CPI es desarrollar un sistema que dé respuesta con mayor eficiencia y eficacia a la necesidad de mejora y de innovación del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia en Andalucía, de manera que se solucionen los retos tecnológicos y funcionales y haya una mejora para el control, seguimiento y revisión de la calidad en la atención de los servicios de ayuda a domicilio, atención residencial y centros de día y noche mediante las distintas tecnologías emergentes del mercado y sus potenciales aplicaciones así como el avance en la mejora del gasto público andaluz.
La interoperabilidad del nuevo Sistema favorecerá la conexión entre la ASSDA, las Corporaciones Locales, las Entidades prestadoras de Servicios, las personas usuarias y sus familiares y/o cuidadores, evitando que la información sobre las personas atendidas se encuentre disgregada entre los diferentes agentes que participan en el proceso.
